Cuando a fines de la década de los 90 se sentaron las bases para lo que sería el desarrollo del sector minero, también se establecieron nuevas exigencias ambientales para esta actividad.Así, se consideró que cualquier nuevo proyecto minero debería presentar un estudio de impacto ambiental (EIA) que definiera en qué medida la operación iba a alterar el espacio físico donde operaría y los alrededores más inmediatos; además de cuáles serían las acciones de la empresa para controlar estos impactos.A medida que avanzaron los años, este criterio se ha ido afinando y haciendo más exigente, a tal punto que hoy hasta la exploración minera debe presentar un estudio de impacto ambiental semidetallado (EIASD) para conseguir una autorización. Asimismo, los EIA deben ser presentados a las poblaciones cercanas a través de la realización de talleres de información. Este mecanismo no existía antes de la década anterior.Sin embargo, hoy los EIA están siendo cuestionados. La polémica tiene muchas aristas, la primera es el hecho de que sea el Ministerio de Energía y Minas (MEM) el que los apruebe cuando a la vez desarrolla una labor promotora del sector. Isabel Calle, directora del Programa de Políticas y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) indica que en este caso, el MEM se ha constituido en una especie de juez y parte, aspecto que está siendo cuestionado por la población. “Por eso es que desconfían de los resultados de los EIA”, explica.