La liquidación de la fundición de La Oroya de Doe Run Perú obligaría a las empresas mineras peruanas a exportar sus concentrados, dando lugar a una pérdida superior a los US$ 500 millones a toda la economía nacional, por lo que es necesario el reinicio de operaciones previa aprobación del Plan de Reestructuración en la Junta de Acreedores que debe convocar el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).