En lugar de preocuparnos por asuntos más importantes, como la serie de procesos electorales que se avecina, el país asiste a un nuevo escándalo provocado por un audio --grabado en situaciones aún no aclaradas-- que vincula al ex presidente del Consejo de Ministros Carlos Ferrero, al ex canciller Fernando Olivera, al propietario de Canal 5, Genaro Delgado Parker, y al presidente Alejandro Toledo.La denuncia debe ser esclarecida en los organismos responsables --el Congreso y la Fiscalía-- para aclarar dos temas: si hubo irregularidades en el nombramiento de Olivera como canciller y qué alcance tendría el supuesto tráfico de influencias que se desprende del mismo audio. Sin embargo, también es evidente que el país no puede seguir perdido en el escándalo y sometido a los dimes y diretes de ciertos personajes públicos, mientras otros asuntos urgentes claman ser atendidos. Hay que investigar, sí, pero sin caer en el escandalete de siempre.Este caso, por ejemplo, compromete un problema que se creía superado y a un político, como Olivera, que ya no ocupa el cargo de canciller. En lo mismo debe reconocerse que su nombramiento ya se investiga en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Allí, como acaba de corroborar a algunos medios de comunicación el mismo Carlos Ferrero, ha quedado establecido que la resolución que oficializó el nombramiento se firmó una hora antes de que jurara al cargo, y no después, como deja entrever el audio del escándalo.Preocupa, en cambio, la proliferación de audios y videos que, como en este caso, graban conversaciones privadas. ¿Quién está financiando la interceptación de comunicaciones privadas, incluso no telefónicas como esta?El presidente de la Comisión de Fiscalización, Javier Velásquez Quesquén, ha adelantado que su grupo de trabajo investigará el supuesto tráfico de influencias que connota el controvertido audio. Pero el país espera que dicha investigación vaya más allá del escándalo, que prime la imparcialidad, sin politización ni partidarismos, y se piense, sobre todo, en la defensa de los intereses del Estado.