En medio de una fuerte crisis política en las altas esferas del gobierno, irrumpe un estruendoso desembalse de protestas antimineras. El discurso, que distorsiona la realidad pero que tiene un gran peso, se resume en: No quiero que en mi región haya minería porque me quita el agua, malogra el medio ambiente y no podré sembrar mis productos. Se mete en el mismo saco a la minería formal, la informal y la artesanal, cerrándose a la posibilidad de contar con beneficios -léase pago de impuestos vía canon regional- para la zona.Detrás de ello puede estar la actividad informal que busca no competir con la gran minería. Total nadie los fiscaliza, así vienen avanzando y depredando a pasos agigantados. Pero también cabe la presencia de los intereses del narcotráfico, que quiere cero competencia. En suma, un gran y explosivo sancochado. La salsa del mismo la aporta el discurso ambiguo del entonces candidato Ollanta Humala frente a esta importante industria extractiva. A este indigesto club sánguche, se añade que los estudios de impacto ambiental no inspiran la confianza de la población y se ha visto, como en el Caso Tía María, que no son del todo acuciosos con la defensa del medio ambiente. Adicionalmente, los congresistas oficialistas de regiones mineras se aúnan al sentir de sus votantes. Ni modo, así es la política. Como en el Caso Chehade el gobierno no evidencia liderazgo y manejo de las situaciones, ni puede frenar la violencia que se desata. Los manifestantes tienen un arma infalible: la paralización y el cierre de carreteras. Se anuncia un paro regional en Cajamarca para el 24 de noviembre si la empresa del proyecto Conga no paraliza sus operaciones. La consigna es obvia: en defensa del agua y del medio ambiente. La polarización también es evidente. No hay punto intermedio, ni diálogo. En Andahuaylas y Chincheros aún no se calman los ánimos. Pese a que se ha prohibido la minería artesanal y la informal, se quiere ir más allá, es decir, declarar a las dos provincias intangibles para la explotación minera.Se quiere, además, que ese pedido -tiene una frágil tregua de 15 días- se replique para los otros conflictos mineros. La propuesta es clara: que se haga un reordenamiento territorial, creándose zonas de protección ecológica. De hecho en Cajamarca ya se apela a una zonificación ecológica y se quiere su estricto cumplimiento. Dentro de este, en el último lugar, está el proyecto Conga. Dicen que la definición del gobierno, el gran giro en su gestión, se observará cuando decida la viabilidad o no del proyecto Conga. ¿Dirá que el estudio de impacto ambiental tiene irregularidades? ¿Lo desautorizará o le dará luz verde? Ni la improbable renuncia de Omar Chehade nos sacaría de esta incertidumbre, señala Mariella Balbi.