El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), el organismo del Estado que gasta 500 millones de soles anuales en alimentos con los que se intenta paliar la desnutrición de los peruanos más pobres, ha pasado por tres reformas desde su creación en 1992, pero ninguna ha resuelto uno de sus más graves problemas: el deficiente esquema de compras que no garantiza la calidad ni la entrega oportuna de los productos, y en el que siempre gana un grupo de empresas que controla las ventas de los principales insumos.El Comercio ha identificado las distorsiones del esquema comercial del Pronaa y las compañías que acaparan todos los años las más jugosas licitaciones del programa que debe asistir a más de cuatro millones de personas en riesgo nutricional. Entre ellas figuran Alimentos Procesados S.A. (Alprosa), empresa vinculada al ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez, quien fue su gerente general desde 1990 hasta dos días antes de jurar el cargo; e Inmelva S.A.C., que hasta hace 8 meses fue de propiedad del congresista Elard Melgar Valdez (Fuerza 2011) y sus hermanos.