SIN CAER EN EXTREMOS, EL CONGRESO DEBE APROBAR YA LA LEY DEL AMBIENTE

Resultan lamentables los desencuentros en torno a la aprobación de un marco legal absolutamente necesario para el país, como es la Ley General del Ambiente.Luego de las observaciones, en general poco sustentadas, del Ejecutivo, corresponde al Congreso asumir la responsabilidad de insistir en el proyecto. No se trata de asumir posiciones maniqueístas y extremas, como pretenden algunos sectores interesados, sino de conciliar y aprobar un texto que, en esencia, apunta a defender la salud y la calidad de vida de los peruanos y el equilibrio medioambiental.Como lo hemos sostenido previamente, el cuidado del ecosistema y la actividad empresarial y operativa no pueden ir por vías separadas, sino que deben complementarse.Lo que no puede aceptarse, de ninguna manera, es que, bajo el pretexto de afectar la inversión y la seguridad jurídica --los contratos vigentes y la posibilidad de atraer nuevas inversiones--, los peruanos seamos considerados ciudadanos de segunda categoría, que no pueden gozar de los estándares ambientales que son de uso común en otros países.Hay, pues, lugar para el debate y las rectificaciones en algunos puntos atendibles, como aquel que se refiere a la obligación del denunciado de demostrar su inocencia, cuando lo constitucional es que el denunciante presente la carga de la prueba. Igualmente, es atendible que se evalúe puntualmente el llamado principio precautorio, por el cual se da un valor exagerado a la simple existencia de indicios de daño ambiental. Y, por supuesto, si tiene que haber gradualidad en la aplicación de la ley, ello debe responder a criterios técnicos y realistas, y no politiqueros o 'lobbistas'.De lo que no queda duda alguna es de la necesidad de una entidad autónoma en la materia, como el Consejo Nacional del Ambiente (Conam), que se encargue de fiscalizar, controlar y sancionar las actividades contaminantes y determinar las multas a que haya lugar. La responsabilidad social de las empresas incluye el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales con los que trabaja.El Comercio ha tratado exhaustivamente estos temas a través de una ardua campaña que ha demostrado los nocivos niveles de arsénico en el agua y del azufre en los combustibles que se permiten actualmente. Ante eso, la respuesta tiene que ser adaptar la legislación peruana a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como lo propugna la nueva ley.Por lo demás, la nueva ley tiene un enfoque integral y conservacionista, que incorpora también criterios educativos, de regulación y sanción, que han sido examinados arduamente por diversas comisiones del Congreso.Todo esto tiene que ser debidamente analizado ahora por las comisiones y por el pleno, que no pueden ceder a presiones de ningún tipo. De cara al interés nacional y en resguardo de la salud ciudadana, deben canalizar las propuestas y preocupaciones de todos los sectores, pero sin cambiar la sustancia de una ley imprescindible por la que hemos esperado demasiado. La conservación del entorno y la calidad de vida de los peruanos son prioridades sobre las que no se puede transigir ni negociar irresponsablemente.(Edición domingo).