Entrevista al Padre Marco Arana."Los conflictos sociales por la actividad minera demuestran que es necesario adecuar el marco jurídico a la realidad".La ley de minería de 1992 se dio cuando los precios de los metales estaban bajos y el Perú enfrentaba una guerra interna y aislado financieramente. Esa ley se dio para favorecer a las empresas y fue bueno para eso, pero terminó siendo lesiva para las comunidades, pues no se preveían mecanismos de consulta, ni instrumentos de ordenamiento territorial que señalaran dónde se podía desarrollar minería. Además no había en ese momento institucionalidad ambiental importante en el país. Entonces lo que se debe hacer es adecuar el marco jurídico en un contexto de precios altos de los metales, reclamos de la población de ser escuchada y atendida al amparo de la Ley de Consulta. Se requiere mayor rol de los gobiernos locales y regionales, así como transferir los estudios de impacto ambiental (EIA) al Minam para evitar el conflicto de interés entre el Minem y la inversión minera. Y supone, sin duda, el proceso de ordenamiento territorial para que no se priorice la minería por encima del agua y de otras actividades económicas sustentables.