Los grupos extremistas que cobijó durante su campaña el presidente Ollanta Humala han empezado una peligrosa campaña de insurgencia que se ha iniciado alrededor de los grandes proyectos mineros. No es casualidad que mientras Cajamarca está sitiada, Andahuaylas esté casi una semana aislada por grupos violentistas, avalados también por su presidente regional, que le exigen al gobierno central cancele todas las concesiones mineras.Tampoco es casual que, más al norte, en Huaraz, las organizaciones antimineras salgan a las calles "en defensa del agua y del ambiente", mientras que por el sur, Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa y Cusco el movimiento violentista ha anunciado una serie de actos de protesta para expulsar a las concesiones mineras de su entorno. La estrategia apunta a generar un escenario de alta conflictividad social y a empezar a chantajear a su eventual líder nacionalista para que expulse a la inversión minera de sus feudos, porque la consideran una amenaza para su supervivencia política. Claro, al ver más pobreza, ellos tienen garantizado un colchón social propicio para sus intereses políticos y económicos.Así, hoy, el mensaje violentista al Presidente de la República está claro: "O le dice NO a Conga, el proyecto emblemático de la minería peruana, o le incendian la pradera social". Este inadmisible chantaje de algunas bandas organizadas que amenazan la gobernabilidad del país, aún no ha sido enfrentado por la administración Humala ni por la clase política. ¿Permitiremos que el Perú se asfixie sin inversión y mayor pobreza, para que se instale un gobierno populachero y estatista? ¿Quieren imponer a como dé lugar, incluso con sangre y violencia, la Gran Transformación?, señala José Luis Patiño.
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