Con paros simultáneos en Cajamarca, Andahuaylas y Áncash, una nueva ofensiva de los grupos antimineros se ha iniciado. Evidentemente, quieren poner su pie en la puerta, rápido, aprovechando que la atención gubernamental en ese sector ha estado concentrada en el gas y el tema minero ha sido descuidado.Por otro lado, de las protestas en marcha la más preocupante, por los montos involucrados, es la de Cajamarca, en donde el presidente regional ha declarado que no quiere que nuevos proyectos mineros sean desarrollados. Así de claro. No le interesa el resultado de los estudios de impacto ni el empleo que se pueda generar o los ingresos del canon. Simplemente ha confirmado su ciega oposición a la inversión.Más aún, para lograr el apoyo de la población lo presenta como un conflicto terminal: O se van los mineros o desaparecen los agricultores y ganaderos. Para él no hay posibilidad de solución, solo hay confrontación.En realidad, si fuera un asunto de alcance solo local, capaz se podría aceptar el veto de la comunidad. Pero el problema es que esos líderes regionales se están apropiando de la riqueza de todos los ciudadanos. Por ejemplo, los tres proyectos mineros que están cuestionando en Cajamarca suman una inversión de 9 mil millones de dólares y cuando entren en producción dejarán, en impuestos anuales, alrededor de 1,500 millones de dólares. Por lo que si los cancelan cada peruano estaría perdiendo no menos de 50 dólares al año debido al sesgo ideológico del señor Santos, cuyo mercado electoral está en la pobreza y la desesperación; lo último que desea es que seamos desarrollados.Por lo tanto, lo que corresponde al Gobierno es buscar un acuerdo equilibrado para asegurar que los proyectos aporten y que no generen daño. Pero lo que no se puede aceptar es ser secuestrado en este caso por el grupo radical en perjuicio de todos los peruanos, señala el director de Perú 21, Fritz Du Bois.