La Sociedad Nacional de Industrias está elaborando aportes para que el Ejecutivo precise vacíos en las normas de seguridad ocupacional, los que podrían llevar a sanciones hasta con pena de cárcel a los altos funcionarios de las empresas.La Ley de Seguridad y Salud, promulgada este año, parece desconocer las disposiciones anteriores sobre la misma materia, que se dictaron en el 2005, así como las normas reglamentarias sectoriales existentes, aseveró Cecilia Rosell, gerente de Seguridad y Salud de la SNI.Ello significa que con un sistema judicial ineficiente se permitiría que esta ley pueda ser mal interpretada y llevar a pensar que el delito lo puede cometer cualquier funcionario de la empresa, es decir, atribuir una responsabilidad colectiva para todas las gerencias (directores o accionistas), precisó.
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