Doe Run Perú (DRP) no la tiene fácil en su intento de retomar las operaciones de la refinería La Oroya, la que paralizó por falta de financiamiento hace 30 meses. Tras el revés que sufrió con la desestimación de su pedido de recusación contra el vocal del Tribunal del Indecopi, Juan Candela, se conoció que la comisión de este organismo regulador, que en marzo pasado reconoció una deuda por $155 millones 739 mil a su empresa vinculada Doe Run Cayman (Cayman), está pidiendo a su instancia superior la nulidad de su resolución porque posterior a su fallo recibió documentos que indicarían supuestas comisión de delitos en la deuda que se reclama.De ser aceptada esa solicitud, Cayman no le daría mayoría a DRP en la Junta de Acreedores, por tanto, su intención de decidir su suerte como empresa en las instancias del Indecopi quedaría en nada y quienes tomarían la decisión sería la contraparte, es decir, el Ministerio de Energía y Minas, así como los acreedores mineros, inclusive la Sunat.Según un documento al que tuvo acceso Correo, la presidenta de la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi, Amanda Velásquez, recibió documentos en los que se le informa de la existencia de indicios de la comisión de los delitos de insolvencia fraudulenta y falsedad en procedimiento administrativo, -situación que fue detallada en dos informes emitidos por el abogado José Ugaz con fecha de 1 y 26 de abril del 2011-.