La compañía canadiense Bear Creek mantiene su posición de que cualquier modificación o anulación del decreto supremo, otorgado en el 2007, es ilegal.Bear Creek considera que son legítimos los títulos de las concesiones que le fueron otorgadas en la frontera con Puno, señaló un último informe de la empresa.Respecto a la emisión del decreto supremo en junio del 2011 que anuló la concesión, la compañía informó que recientemente fue notificada de una demanda civil presentada por el Ministerio de Energía y Minas de la anterior administración. La demanda considera que los títulos de Santa Ana no fueron dados a la compañía de acuerdo a la ley.