La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) consideró ayer fundamental acabar con la impunidad sobre las esterilizaciones forzadas cometidas contra más de 300,000 personas durante el gobierno fujimorista, y que este caso se investigue como un delito de lesa humanidad. "Este no es un delito común, es un delito de lesa humanidad", aseveró Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la CNDDHH.Subrayó que las esterilizaciones forzadas fueron una política estatal implementada contra un determinado sector de mujeres, las más pobres del país, y significó una concertación de agentes estatales que recibieron órdenes e incentivos para implementar esa medida.