A medida que se dilata el proceso concursal de Doe Run Perú (DRP) por la inhibición de dos vocales de la Sala de Defensa de Competencia N°1 del Indecopi y la recusación de un tercero, empieza a tomar forma el plan de un grupo de acreedores de reflotar la compañía metalúrgica, siempre y cuando se logre que un tercero independiente asuma legalmente la administración del complejo en La Oroya.Esta iniciativa, liderada por el ‘trader’ Cormín, surge como una alternativa a las propias negociaciones de DRP con el Estado Peruano, cuyo objetivo sería extender el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la refinería y viabilizar una inyección de capital de US$100 millones (que buscaría asegurar con el también acreedor Glencore) a cambio de retirar el arbitraje iniciado contra el Perú en el Ciadi, mediante el cual exige, entre otras cosas, una indemnización no menor de US$800 millones.