En abril de 1997, un grupo de 140 militares ingresaron a la residencia del embajador japonés para rescatar a 72 personas que permanecieron cautivas luego de que una columna subversiva del MRTA los mantuviera secuestrados durante cuatro meses.Sin embargo, los actores de esta operación, que en algún momento fueron reconocidos como "héroes", pueden enfrentar un amargo episodio en sus vidas si se concreta la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dichos militares sean nuevamente procesados, pero esta vez en el fuero civil.A pesar de que el tema se ha manejado bajo estricta confidencialidad en el seno del Ministerio de Justicia, Correo pudo conocer, a través de una sólida fuente de dicho sector, que en junio último la CIDH notificó al Estado peruano el informe de fondo sobre la demanda que planteó la ONG Aprodeh en contra de los comandos. En dicho informe, clasificado por la propia CIDH como "reservado", se establece que "Chavín de Huántar es una operación en la que se ejecutó extrajudicialmente a los terroristas. Concretamente a tres terroristas".Según la CIDH, "al ser una ejecución extrajudicial, los comandos deberían ser juzgados en el fuero común". Por tanto, en sus recomendaciones planteó que se indemnice íntegramente a los familiares de los terroristas y sancionar a los responsables en un proceso ordinario, es decir, a los comandos.
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