Para la actual cabeza del Ministerio de la Producción, Kurt Burneo, la pesca negra (ilegal) continúa en pie en el país. Alejandro Covarrubias, funcionario chileno del Servicio Nacional de Pesca, recomienda en esta entrevista el establecimiento de sanciones duras a las embarcaciones o empresas que incumplan las normas del sector, el único camino para la disuasión.Se cuestiona el éxito del sistema de vigilancia y control en la pesca peruana. ¿El problema es la aplicación o el sistema?No me puedo pronunciar por el Perú. Todo el procedimiento inicial que se montó aquí fue el mismo que en Chile. Si se montó igual debería estar funcionando igual. Lo que puedo decir es que las balanzas [para la pesca extraída] no se pueden descalibrar solo con un tornillo. Tienen un software y una clave. Así también, la empresa certificadora [encargada de la inspección externa] no actúa por sí sola, el procedimiento está establecido. En Chile, la remuneración en la certificadora lo fija la autoridad. También se regula la cantidad de veces que visitará a una empresa. Son pequeños detalles de operación que logran que el sistema funcione con transparencia.Aquí se cuestiona que las pesqueras paguen a las certificadoras.En Chile ocurre igual, porque una cosa es que paguen y otra que sean los dueños del sistema. Las empresas son las usuarias, pero nosotros manejamos las facturas. Además, auditamos a las empresas certificadoras cada cierto tiempo y reciben sanciones fuertes si no cumplen su trabajo.¿Cada cuánto se hace la licitación de las certificadoras?Cada cuatro años. Previamente se evalúa a la firma, tanto por el sector privado como por el Estado. Siempre tratamos de rotarlas. Trabajamos con tres para que haya competencia, porque si estás con una sola es peligroso.¿En el Perú deberían ser más de dos certificadoras?Pueden tener hasta tres, porque incluso ustedes tienen una actividad más intensa. Es por la transparencia del sistema.