En tiempos en que el Gobierno tiene planeado poner en marcha diversos proyectos de inversión privada a través de concesiones, la Contraloría General de la República quiere curarse en salud. Por ello, presentó a la comisión de Fiscalización del Congreso un proyecto de ley que, definido en pocas palabras, plantea que el máximo órgano de control obtenga un rol más vinculante en los proyectos de inversión del Estado. Todo comenzó cuando el Tribunal de Cuentas de Brasil (equivalente a la contraloría) recomendó al gobierno de Lula detener las obras de la carretera Interoceánica debido a irregularidades en la construcción del puente sobre el río Acre, que une el Perú con Brasil. El contralor Genaro Matute, comentando el hecho, mencionó que el organismo que él dirige debía también contar con una opinión vinculante en proyectos que involucren gastos por parte del Estado.Consultado al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, no quiso adelantar opinión hasta recibir la propuesta formal. Y la propuesta ya le fue enviada.