Los congresistas que le deben su notoriedad a los destapes de la prensa no son más que el reflejo de la cultura de la informalidad que continúa reinando en todas las actividades económicas del país. Si existe una congresista vinculada a una empresa de televisión por cable que habría estado difundiendo canales sin pagar las licencias respectivas, ¿cuántas más estarían aplicando esa misma "estrategia"? Si existe un congresista acusado de poseer una discoteca que funciona como prostíbulo, ¿cuántas personas más manejarían "negocios" parecidos?No es difícil responder esas preguntas, pues la informalidad es moneda corriente y la vemos y padecemos a diario: en las galerías donde se venden CD y DVD piratas y se instalan programas informáticos sin contar con la licencia del fabricante, en las constructoras que no respetan las medidas de seguridad, o en los comercios y servicios que no entregan comprobantes de pago. Lo complicado, como lo ha demostrado la experiencia, es hacer cumplir las normas y castigar a los infractores.Los peruanos hemos aprendido a convivir con proveedores de bienes y servicios que no respetan las reglas. Esta suerte de resignación tiene una explicación: la débil institucionalización del Estado, pues las entidades que en teoría deben velar por el funcionamiento formal de las actividades económicas han preferido hacerse de la vista gorda (como la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, los ministerios, los gobiernos locales y los organismos reguladores) o recurrir a acciones aisladas y solo efectivas en términos mediáticos (como los operativos que suele ejecutar la Sunat).Si bien no existen cifras precisas sobre el peso de la informalidad en el PBI, se estima que más de doce millones de personas -cerca del 80% de la PEA ocupada- trabajan sin recibir los beneficios que exige la ley. Este dato sería suficiente para que el Gobierno incluya la lucha contra la economía informal (más bien, ilegal) entre sus prioridades, pues además está estrechamente vinculada con la corrupción.Pero si los propios "padres de la patria" infringen las normas que ellos mismos o sus predecesores han aprobado, ¿qué se puede esperar de las instituciones responsables de hacerlas respetar?
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