Mientras Doe Run Perú sigue ventilando un proceso concursal en el Indecopi e incluso algunos congresistas estadounidenses le han prestado su respaldo frente a sus demandas ante el Estado Peruano, las operaciones de la empresa metalúrgica siguen detenidas.Los únicos perjudicados son los trabajadores y sus familias, el medio ambiente afectado por una corporación que incumplió sus compromisos contractuales cuando no invirtió adecuadamente en los programas de adecuación y manejo ambiental (PAMA), y las empresas locales a las que Doe Run debe aún varios millones de dólares. Hace algunas semanas, el presidente Humala ofreció su apoyo a los trabajadores que demandan la reanudación de las operaciones de La Oroya. Sin embargo, dos años y medio después de la paralización de sus actividades, corresponde que el Estado Peruano haga valer sus derechos, que Doe Run no sea tratada con guantes de seda y que más bien cumpla con sus obligaciones, entre ellas el pago de las deudas que mantiene con diversas empresas.(Edición sábado).