La minera Doe Run Perú buscaría una nueva ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por 36 meses con la finalidad de implementar acciones que le permitan retomar sus operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya.Según una nota de prensa difundida por la consultora de comunicaciones Llorente y Cuenca a nombre de los acreedores no vinculados de Doe Run Perú, esta constituiría la tercera ley de prórroga que el Estado le daría a Doe Run y la sexta ampliación en 14 años de operaciones de la minera. A cambio de ello, Doe Run habría ofrecido al Gobierno suspender el arbitraje iniciado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). No solo eso, además habría solicitado que el Estado Peruano sustituya al grupo Renco (propietario de Doe Run) en los juicios iniciados en Estados Unidos en su contra por pobladores de La Oroya que piden ser indemnizados por la intoxicación con plomo a causa de las operaciones de Doe Run. Este planteamiento no solo fue dado a conocer al Gobierno, sino también a los acreedores mineros que abastecían de concentrados a la fundición de Doe Run, pues a ellos la empresa les habría solicitado un crédito de seis meses que le permita seguir operando sus instalaciones, lo cual no aceptaron.(Edición sábado).