Tal como había sido anunciado, el director ejecutivo de Pro Inversión, René Cornejo, remitió la semana pasada a la Contraloría General de la República el análisis final de los supuestos juicios que dos de las empresas concesionarias que construirán la carretera Interoceánica -Constructora Norberto Odebrecht y Graña y Montero- mantendrían con el Estado, lo cual, según las bases del contrato, les impediría participar de la obra. De acuerdo con el informe, basado en uno previo emitido por el abogado Juan Monroy Gálvez, la posición de Pro Inversión no varía: según este organismo, las empresas no mantendrían juicios iniciados por el Estado, y no estarían incumpliendo ninguna de las bases del contrato.La contraloría -que ha asegurado anteriormente que los juicios sí existen- adjuntará los resultados del informe en la acción de control posterior que se inició tras el comienzo de las obras. Sin embargo, según fuentes del Poder Judicial, la contraloría ha solicitado formalmente a esta institución que emita una opinión sobre la supuesta (y aún no comprobada del todo) existencia y vigencia de los litigios.(Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. B 2] /