El último reporte de la defensoría confirma algo que pronosticamos hace unos meses: que el número de conflictos aumentaría, luego de haber venido disminuyendo paulatinamente desde el 2009, cuando alcanzó su pico. Advertimos que muchas dirigencias se sentirían empoderadas con el triunfo de Ollanta Humala y esperarían a que inicie su gobierno para elevar el nivel de sus demandas. Es lo que está ocurriendo. La respuesta del gobierno consiste en promover la formación de mesas de trabajo, que se diferencian de las que proliferaron sin resultado en el gobierno anterior en el hecho de que incluyen no solo al Gobierno Nacional y a los demandantes, sino a las autoridades regionales y locales, y en rol protagónico. Y, además, apuntan a resolver el conflicto particular dentro de la solución al problema integral. En el caso de la oposición de Tacna a la ampliación de la concentradora de la Southern en Toquepala -una inversión de 800 millones de dólares que permitiría duplicar la producción de cobre de esa mina pero que, según los opositores, reduciría el abastecimiento de agua del departamento-, pues la mesa que se ha formado estudiará soluciones al problema hídrico general de la región y a otros temas. Dentro de eso, la Southern podría ser parte de la solución y ya no del problema pero, claro, probablemente a cambio de conceder una apreciable tajada en inversiones ambientales. Lo mismo se espera en Moquegua, donde una inversión mucho más grande aun "Quellaveco" se halla detenida por los regantes, también ahora empoderados. Una manera de ver este proceso, entonces, es que el tinglado de las mesas de trabajo se monta para darle marco institucional a una alianza implícita entre gobierno y reclamantes, a fin de sacarle más a las mineras. De ser así, no será fácil al gobierno encontrar el justo medio para no forzar demasiado la mano al punto de que la inversión deje de venir. La otra manera de verlo es suponer que si el experimento funciona -lo veremos en tres meses-, se habría pasado a un nuevo acuerdo económico y social en la región que le daría estabilidad a las relaciones sociales y a las inversiones. Según Víctor Caballero, jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM, un efecto colateral de esto ha sido la pérdida de protagonismo de los frentes de defensa en favor de las autoridades elegidas, los presidentes regionales y los alcaldes. Sería un avance extraordinario (salvo que esto sea así porque están asumiendo el papel de los frentes de defensa, precisamente). Si estas experiencias funcionan bien, no solo ayudarían a institucionalizar el país, sino que la inclusión ideológica del gobierno en la economía de mercado se descentralizaría. Pero si se les pasa la mano, podrían terminar desanimando al capital y empobreciendo al país, afirma Jaime de Althaus.