La última edición de la revista Aportes DPLF (setiembre 2011), publicación de la Fundación para el Debido Proceso, (fundada en 1996 por el profesor Thomas Buergenthal, actualmente juez de la Corte Internacional de Justicia), se dedica enteramente a la compleja relación de empresas y DDHH.El primero de los 15 artículos publicados es de Keith Slack, gerente de Programas de Oxfam América que da un panorama general sobre la relación empresas y DDHH. Reconoce que la explotación de recursos naturales (RN) tiene un rol más importante en países con tradición minera y petrolera pero estas actividades ahora se dan en países que en el pasado no contaban con un sector significativo de extracción de RN como Argentina, Guatemala, Honduras y El Salvador. Las inversiones en industrias extractivas en la región serían de unos US$ 200,000 millones en la próxima década.A medida que aumenta la inversión en RN, se observa que han aumentado las violaciones de DDHH en las comunidades donde se desarrollan. “Estos abusos incluyen desde la decisión de no consultar adecuadamente a las poblaciones afectadas (cumplir con el Convenio 169 de la OIT) hasta prácticas como torturas y ejecuciones extrajudiciales. A su vez, los abusos han dado lugar a protestas sociales y actos de resistencia generalizados, que en algunos casos se han expresado en forma violenta y destructiva".La raíz de este problema, según el autor, responde a: 1)el deficiente control de las industrias extractivas por parte de los gobiernos nacionales y 2) la limitada o nula justicia por las violaciones de DDHH relacionadas con estas operaciones.Por lo remoto de las áreas en que se realizan las actividades, el Estado no puede garantizar que las empresas respeten las normas básicas de DDHH. Nadie controlaría lo que hacen fuerzas públicas o privadas que protegen las instalaciones. El autor da como ejemplos el "Baguazo" (2009) y la represión a manifestantes del Proyecto Río Blanco (2005). En el caso Bagua menciona que hubo 34 muertos pero NO menciona que 24 de ellos fueron policías asesinados a sangre fría. En el caso Río Blanco para nada se menciona la quema del campamento y el asesinato de los guardianes y empleados de la empresa. Como siempre la visión sesgada de los DDHH.Como alternativas de solución al problema, el autor plantea:a) Fortalecer la capacidad de los gobiernos. Las instituciones de DDHH de los gobiernos deben recibir capacitación especializada en temas de DDHH relacionados con recursos naturales y establecer unidades específicas encargadas de supervisar los proyectos extractivos e intervenir cuando existan problemas de DDHH. Por otro lado, se debe establecer sanciones penales y civiles a las empresas que violen los DDHH.b) Respetar el derecho al consentimiento "libre, previo e informado" (CLPI) que goza de un reconocimiento cada vez más amplio en el derecho internacional. Vale decir, el derecho de veto que tendría una comunidad frente a una inversión, un disparate total. c) Ampliar y profundizar el diálogo sobre estándares de DDHH en los sectores extractivos. Al momento existen principios rectores sobre "protección, respeto y reparación", elaborados por John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de la ONU en temas de DDHH y empresas transnacionales y "Los Principios Voluntarios de Seguridad y DDHH", una iniciativa multisectorial que las empresas extractivas se comprometen a respetar.Si bien todo Estado debe hacer cumplir los DDHH, ya sabemos cuál será el nuevo negocio de las ONG de DDHH, señala Miguel Santillana.
- [Expreso,Pág. 15] /