Luego de haberse promulgado la ley que crea el llamado gravamen minero, no cesan en el país los conflictos sociales vinculados a las actividades mineras, constituyéndose en verdaderas pruebas de fuego para el Gobierno. En los últimos 15 días han surgido dos protestas, una contra Southern y su proyecto de expansión en Toquepala, y la otra contra San Rafael, mina de Minsur en Puno, a la que le exigen las municipalidades de Melgar S/. 500 millones por supuestos daños ambientales.El Gobierno ya anunció que intervendrá en el primero impulsando el diálogo, y con el mismo fin también tendrá que hacerlo en el segundo. Pero lo más importantes es que su mediación deberá ser oportuna y eficiente, y así demostrar que puede solucionar con éxito los problemas.Se tiene que tener en cuenta que Southern ha advertido que si las partes no logran concertar, las empresas mineras no podrán invertir los montos proyectados y de esa manera bajará la recaudación por el nuevo gravamen.En medio de esta crisis existe, felizmente, un buen síntoma, y es que el presidente Ollanta Humala ha afirmado que dialogará con las autoridades elegidas democráticamente para solucionar los problemas que vayan surgiendo, desterrando la posibilidad de integrar a las conversaciones a gente que no tendría por qué participar en ellas.Además, bien vale tomarle la palabra a las empresas que aseguran que no usarán las fuentes de agua que son utilizadas por la agricultura, o que harán hasta lo imposible para no dañar el medio ambiente.Solo queda, entonces, conocer cuál será la posición que asumirán las autoridades locales y regionales, quienes deben ejercer sus mandatos sin dejarse presionar políticamente por nadie.Ojo, que en situaciones similares ya hemos visto que emergen supuestos líderes con el propósito de hacer más oscuro lo poco transparente o de desviar voluntades que tratan de concertar, y de esa manera marchar hacia el caos que genere muerte, desprestigie a las empresas y quite legitimidad y credibilidad a las autoridades.
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