Pueden parecer cifras frías, pero si estuviéramos presente en cada uno de los escenarios donde ocurren, la situación cambiaría. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, al 30 de setiembre de este año, hay 17 conflictos sociales que se encuentran activos en nuestro país y otros 39 se mantienen en estado potencial.En todos ellos se ha puesto en evidencia amenazas contra la vida, la integridad o salud de las personas, daños a la propiedad pública o privada, afectación al libre tránsito, impedimento del ejercicio de funciones de una autoridad o la paralización de la prestación de servicios públicos.La mayoría se desarrolla en el ámbito local (66% del total) y tiene que ver con cuestionamientos a las autoridades municipales distritales y con enfrentamientos entre comunidades. El 69% de alcaldes y regidores cuestionados pertenece a partidos políticos y el resto (31%) fue elegido por movimientos independientes. Otras entidades cuestionadas son: empresas extractivas (14%), Poder Judicial (8%), dependencias del Ministerio de Agricultura (5%) y gobiernos regionales (4%).