Allí donde las papas queman estará siempre un chaleco azul. Le ha tocado apaciguar a un violento Antauro Humala en Andahuaylas, persuadir a furiosos cocaleros en Huánuco, y seguro más de un alcalde debe agradecerle no haber sido linchado por la población.Estas y otras batallas son las que constantemente afronta un comisionado de la Defensoría del Pueblo. Pero su lucha podría verse mellada si el Estado no llega a cubrir un déficit de US$1'987.721 (unos 7 millones de soles) que dejará de entregar la Agencia para el Desarrollo (Usaid) el 2006, fondo que se destina al manteniento tanto de las oficinas de la defensoría en zonas de permanente conflicto social: Amazonas, Apurímac, Huánuco, Pasco y Ucayali, como los módulos de atención en Andahuaylas, La Merced, Satipo y Tingo María. Además, permite el funcionamiento de su Programa de Descentralización y Buen Gobierno, que consiste en hacerle un seguimiento a este importante proceso. Dejar de recibir esta ayuda significa suprimir estas oficinas y el mencionado programa, de allí que un preocupado Walter Albán, encargado del organismo hasta noviembre, haya llevado esta preocupación al Congreso, donde ayer le tocó sustentar, ante la Comisión de Presupuesto, el monto que requerirá para el próximo año.