El jueves pasado el pleno del Congreso aprobó con 82 votos a favor, 21 abstenciones y sólo un voto en contra -el de Javier Diez Canseco (GP)- la modificación del esquema de impuestos mineros. El nuevo régimen incluye cambios a la ley de regalías y crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM) -para las mineras que no poseen contrato de estabilidad jurídica- y el Gravamen Especial a la Minería (GEM) para las que sí lo tienen. Todo esto sonó muy bien cuando lo anunció pomposamente el premier Lerner en su discurso ante el Congreso, cuyo contenido fue finamente tejido para dar confianza al empresariado siguiendo la estrategia de mantener un clima de buena intencionalidad, lo que no estaría mal si fuera acertado.Es alentador escuchar del estratega político del gobierno actual que en 5 años esta nueva contribución será de S/.15 mil millones y que el gravamen no afectará la inversión ni la competitividad de las empresas promoviendo la inversión hasta por $30 mil millones, sujetándonos a los precios internacionales de los metales. Cosa que suena un tanto demagógica si desde ya conocemos la tendencia a la baja de los precios -con excepción del oro- debido a la crisis financiera internacional. Adicionalmente, lo aprobado por el Congreso nos lleva a cambios importantes que harían que lo anunciado por Lerner no sea necesariamente como se pinta, puesto que los dispositivos dados están destinados a variar la fuente de las regalías mineras de un porcentaje de las ventas netas a uno de las utilidades operativas, lo que es muy distinto al momento de colectar. Además, ello reemplazará al Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, conocido como el "óbolo minero", que bien que mal representa unos S/.500 millones para temas de legitimidad social. Hacer que ahora que las regalías se deduzcan de la renta de la empresa hará que ésta pague menos por impuesto a la renta, fuente principal del canon minero. Desde el punto de vista de la cada vez mayor conflictividad social que generan los proyectos extractivos, en especial los mineros, es sensato advertir que la situación crea un escenario social sensible, pues se estaría propiciando el descontento en las regiones que verán sus ingresos del canon drásticamente disminuidos. Entonces, cuando el discurso de un gobierno predica la inclusión y participación social, debe pues considerar en sus negociaciones a los gobiernos subnacionales y con especial atención a las comunidades que podrían verse afectadas por dichas medidas. Es la perfecta ocasión para que la comisión encargada de elaborar el reglamento de la Ley de Consulta Previa afine la puntería y dé en el blanco de la prevención de conflictos, señala Irma Montes Patiño, consultora en conflictos sociales.