En la formación de las comisiones del nuevo Parlamento, diez legisladores se colocaron en grupos de trabajo afines a sus actividades e intereses privados. Sin embargo, el Reglamento del Congreso y el Código de Ética Parlamentario no regulan los casos de los conflictos de intereses y menos contemplan sanciones.Estos vacíos fueron advertidos por El Comercio en un reportaje publicado en su edición del 25 de agosto pasado y tras el cual diversas bancadas parlamentarias informaron que evaluarían la idoneidad de sus representantes en las 24 comisiones ordinarias para realizar cambios. Más allá de ello, ayer el congresista Yehude Simon (Alianza por el Gran Cambio) presentó el proyecto de ley N°153/2011-CR para modificar el artículo 23 del Reglamento del Congreso y establecer la obligatoriedad de que los legisladores presenten una declaración de intereses y de actividades económicas a las que estén vinculados o hayan estado vinculados durante el año anterior a su elección.