Los beneficios de la minería formal son incuestionables: empleos directos e indirectos y recursos fiscales que, con las modificaciones que ha planteado el Gobierno, aumentarán en S/.3,000 millones anuales. Gracias a la minería se financia una parte importante del gasto público. Todo ello se olvida por el razonable temor de la población frente a los impactos ambientales negativos de esta actividad, reales o imaginados, principalmente la contaminación y el agotamiento del agua. Poco se conoce sobre cuánto ha invertido la minería formal para adoptar tecnologías que la hacen cada vez más limpia y cómo los nuevos proyectos de inversión vienen acompañados de soluciones hídricas que, lejos de perjudicar, benefician a la agricultura. Mientras, la minería informal sigue contaminando, depredando y corrompiendo, como el caso de la catástrofe de Madre de Dios. El gobierno ha manifestado que su pilar fundamental es una mayor presencia del Estado en la economía. Es en las actividades extractivas en donde se necesita más Estado, pero no para convertir a Petroperú en un Petrobras, sino para desarrollar una lucha eficaz contra las actividades ilícitas (exigir estudios ambientales, cobrar impuestos, erradicar la informalidad) y, así, tranquilizar a la población acerca de las consecuencias de la minería. Ese es el tipo de Estado fuerte que beneficiará a todos, incluso a los mineros, señala Gianfranco Castagnola.