El biólogo de la UPCH, Ernesto Ráez, escribe. Dos proyectos de ley del congresista Amado Romero y denuncias periodísticas sobre la minería aurífera ilegal han indignado a la ciudadanía. El gobierno de Alan García trató el problema con operaciones efímeras y comisiones dominadas por los mineros, sin participación de los afectados. Atizada por el precio del oro, la actividad ilícita se desparramó por el país. Su nefasta influencia es ya comparable con el narcotráfico. Los enclaves de minería ilegal -de Piura a Puno- son como territorios "liberados". Aquiles Velásquez, presidente de la Federación de Mineros de Madre de Dios y sucesor de Romero, dice subversivamente: "Tenemos un enemigo que se llama el Estado”. La minería ilegal es, pues, un problema de Estado" Pero el gobierno anterior la pintó como ambiental/regional y anunció una "formalización". ¿Qué hacer? Primero: Enfoque estratégico con acciones inmediatas y a mediano plazo. La clave es el enfoque y reconocer que es un problema de Estado, donde debe liderar el Gobierno Central, y no las regiones. Segundo: Rechazar la falacia de la minería ilegal como amparo de los pobres. La codicia, no la pobreza, impulsa a los peces gordos. Tercero: la urgencia no es ambiental sino humanitaria para salvaguardar la integridad física y la dignidad de las personas –muchas, menores de edad–sometidas a iniquidades. El presidente de la República debe establecer un comando multisectorial con el Minam y el Ministerio del Interior, con capacidad de inteligencia policial y fiscal. Este comando coordinará acciones, con ventaja táctica de la fuerza pública, para recuperar el imperio de la ley y del Estado en los enclaves principales de minería ilegal (Ananea, Puno; Puno, Camanti, y alrededores de la Reserva Nacional Tambopata, Madre de Dios). Debe destruir las maquinarias ilícitas (las denominadas chupadera y shute-cargador frontal), que exceden la minería pequeña o artesanal, dañando el ambiente; interceptar insumos, repuestos y el transporte de oro ilegal, e intervenir la compra de oro en Puerto Maldonado y otras zonas; y atrapar a los criminales refugiados en enclaves ilegales, especialmente a los explotadores sexuales de menores. En el mediano plazo, con los gobiernos regionales y la ciudadanía hay que identificar y vetar permanentemente a los concesionarios transgresores; reformar las normas, establecer zonas de extracción y de exclusión; fortalecer el sustento de los Estudios de Impacto Ambiental, recuperar control del beneficio y la venta del oro (con un Banco Minero); promover la asociación de pequeños productores, el concepto de “oro verde” y el valor agregado del comercio justo; usar el canon minero para superar la pobreza extrema y la debilidad institucional; evaluar científicamente el impacto ambiental de la minería ilegal: la destrucción de ecosistemas hídricos de selva y puna, el efecto en los niños del neurotóxico metil-mercurio y emprender la remediación. ¿Cuál es el ingrediente imprescindible? Voluntad política. No la tuvieron Toledo ni García. ¿La tendrá Humala?