La VI Cumbre de ex Presidentes de América Latina, realizada en Lima a propósito del primer decenio de la Carta Democrática Interamericana, ha concluido con un mensaje esperanzador. No solo se ha renovado el compromiso con los principios fundamentales de la mencionada carta, sino también se ha reconocido que ese importante instrumento ha sido incumplido por gobiernos poco interesados en garantizar la institucionalidad y el Estado de derecho. Como ha expresado el secretario general de la OEA, Miguel Insulza, ha llegado el momento de actualizar la carta. Para el presidente Ollanta Humala, se requiere una nueva, de “segunda generación”, que vincule democracia e inclusión social. Por lo pronto, es positivo que los ex presidentes asistentes a la VI cumbre acuerden crear nuevos mecanismos de observación, monitoreo e impulso de los esfuerzos democratizadores que libran organizaciones regionales y subregionales. De esta forma, nuestros países podrán contar con una instancia más, que mida el estado de la democracia y alerte sobre cualquier amenaza contra ella, como recalcó el presidente Alejandro Toledo. Alcanzar estas metas será un gran logro para América Latina y para el Perú. No olvidemos que la Carta Democrática es una iniciativa peruana, gestada tras la penosa experiencia del fujimorismo en abril del 2001, cuando Javier Pérez de Cuéllar la presentó en la Tercera Cumbre Interamericana desarrollada ese año en Canadá. En estos diez años, este avanzado instrumento en el orden internacional ha funcionado en países como Guatemala y Venezuela, pero no en otros, probablemente porque su aplicación tampoco es sencilla, según el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, uno de los responsables de su elaboración. Se trata de garantizar el respeto al orden democrático en coyunturas complicadas (como el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, que la carta no pudo revertir) y velar por el desarrollo de elecciones limpias, el equilibrio de poderes y la vigencia de un sistema de partidos. Pero aún hay más. Como demandaron varios ex presidentes, la carta no solo debe cautelar el ejercicio de la democracia representativa, sino garantizar la transparencia y la gobernabilidad, en países conducidos por regímenes que se dicen demócratas, pero que no respetan las libertades individuales. Es el caso de los atentados contra la prensa, producto de atropellos diversos provenientes de los gobiernos (como el ocurrido recientemente en Ecuador). Prueba de ello es que el 2011 es el año más trágico de las últimas dos décadas para el periodismo latinoamericano. Creemos que todas las ampliaciones, innovaciones y actualizaciones son necesarias. Pero nada será posible si los gobiernos de la región no actúan de manera concertada para, más allá de la retórica, resguardar la institucionalidad democrática, el Estado de derecho, las libertades fundamentales, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión e información.