Con la promulgación de la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, el país tendrá la oportunidad no solo de concretar los proyectos de desarrollo sino de hacerlos sostenibles en el tiempo en medio de un clima de paz social, opinó el defensor del Pueblo en funciones Eduardo Vega. "La ley no retrasará las inversiones, por el contrario, lo que hará es darles sostenibilidad. Los proyectos mineros no son de uno o dos años, sino proyectos por encima de los 15 ó 20 años. Si para proyectos de esa envergadura se necesita invertir tiempo para llevar un buen proceso de consulta, se debe hacer", manifestó Vega a La República.