La Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios aprobada hace pocas semanas, podría aplicarse a unos 68 grandes proyectos en los sectores de minería, electricidad e hidrocarburos, según diversas autoridades del sector. Esa norma establece que en caso esos pueblos se opongan a uno de estos proyectos, el Gobierno tendrá que convocar y conducir una consulta previa al inicio de la actividad. En caso en esa consulta se rechace la iniciativa, según la norma, el Estado deberá buscar la aprobación de los pueblos indígenas.