Si los opositores al sector minero lograran reducir al mínimo esta actividad en el país, el impacto en la economía peruana sería bastante estruendoso: el PBI se reduciría hasta en 17,6%; las exportaciones caerían considerablemente; la balanza comercial se vería muy afectada; el tipo de cambio subiría fuertemente; la inversión pública tendría que ser más conservadora y, paradójicamente, el sector más impactado sería la agricultura, cuyo nivel de ingreso promedio caería en 3,2% (ver recuadro). Esta es la conclusión a la que arriba un estudio de Luis Enrique Camacho, del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima (IDIC). El mismo ejercicio lo hizo Macroconsult en el 2008 y las cifras no distan de las del IDIC, en aquella oportunidad, la evaluación fue a pedido de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Pedro Martínez, presidente de la SNMPE, explica que esta contribución (que se aplicará en forma de un gravamen), cuida la competitividad del sector minero y permitirá que se sigan desarrollando proyectos en el Perú, aspecto sumamente importante si se pretende que la economía continúe creciendo como lo ha hecho en los últimos diez años. La SNMPE ha asegurado que, tras el acuerdo, los mineros invertirán por lo menos US$30.000 millones en los próximos cinco años. Esta cifra forma parte de la cartera de inversiones contemplada por el Ministerio de Energía y Minas, de alrededor de US$42.621 millones, que se ejecutarían entre el presente año y el 2018.