La reciente aprobación de la ley de consulta previa, advierte una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía. En el diálogo que sostuvo con el Diario Oficial El Peruano, el secretario ejecutivo de la Red de Propuesta y Acción "Muqui", Edwin Gonzales Redolfo, destaca que este proceso sea resultado del consenso y propone homogeneizar los reglamentos elaborados por diversos sectores, que interpretaron el Convenio 169, referido al respeto de las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas; y la consulta y participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que las afectan.¿Qué aspectos de la recién aprobada Ley de Consulta Previa son los más importantes para usted?La derogatoria del reglamento que aprobó el Ministerio de Energía y Minas en la gestión anterior no concordaba con el Convenio 169. El artículo 15 fue el que más tensión generó porque establecía que en caso de no acuerdo entre las comunidades y el Estado, este tenía la última palabra. Las normas se adecuarán a la nueva ley.¿Qué otro aspecto destacaría?Que la ley se aprobara en consenso, y sea la autógrafa de mayo de 2010. Esto abre la posibilidad de que las actividades extractivas mineras, por ejemplo, se produzcan en diálogo y no bajo el espíritu del perro del hortelano como ocurrió con el gobierno pasado y los acontecimientos de Bagua.Algunas compañías mineras o de hidrocarburos lograron, sin consulta previa, la licencia social de las comunidades indígenas para realizar sus actividades...La licencia social no recoge el espíritu de la consulta. Es cierto, por iniciativa de algunas empresas las comunidades fueron informadas de sus actividades y objetivos. Pero la consulta favorece a que la licencia sea real y no solo formal, pues se logró a través de talleres y audiencias públicas que forman parte del derecho a la participación que tienen los ciudadanos.