El punto central del mensaje del presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, fue sin duda el acuerdo con las empresas mineras, concretado en un acta de entendimiento, y que significará una contribución para el desarrollo del país de tres mil millones de soles anuales.Más que la importante magnitud de la suma, ha sido una expresión concreta de la capacidad de concertación del gobierno con el grupo más importante de inversionistas nacionales y extranjeros que prueba que el Perú es capaz de lograr una alianza entre el legítimo interés de quienes aspiran a generar valor con su inversión y su tecnología, poniendo en valor los recursos naturales de un país privilegiado por su posesión, y su gobierno, que es capaz de lograr el máximo beneficio para sus ciudadanos con respeto a la sostenibilidad y la equidad en el mejor uso de su patrimonio.Sin exageración alguna, el acuerdo logrado es un hito que define la ruta política del gobierno y, por tanto, despeja las dudas que pudieran haber ensombrecido el horizonte del desarrollo del país en una coyuntura de crisis que amenaza el panorama mundial, de la que entonces, por virtud del acuerdo en cuestión, el Perú emerge como un auténtico caso emblemático de una pujante economía conducida por un gobierno inteligente, democrático y concertador.Por cierto, la alianza descrita supone dos obligaciones sustantivas: de un lado, para el Estado, que debe tomar una participación activa en una eficaz y diligente facilitación de la actividad minera, desde luego con estricto respeto del ambiente y de los intereses de los inversionistas y de los propietarios anfitriones de las propiedades superficiales; y del otro, para las empresas, que están obligadas a trabajar generando valor para sus accionistas y para el país que las acoge, representado en primer lugar por las personas y las instituciones vinculadas a sus actividades en todas sus dimensiones, es decir en lo social, empresarial, económico y ambiental. Así, entonces, el Estado deberá dejar la actitud pasiva y hasta displicente que lamentablemente lo ha caracterizado en los últimos tiempos y asumir una función proactiva concertadora y basada en la comunicación y el diálogo y en el irrestricto respeto de la ley y el interés de la nación.Y, por cierto, las empresas deberán ejercer su papel en esta alianza sinérgica para el desarrollo del país, de modo ético, transparente y social y ambientalmente responsable. El Perú espera y habrá de exigir esa conducta, afirma Juan Incháustegui, ex ministro de Energía y Minas