La mayoría de peruanos ha visto con buenos ojos el acuerdo que hace pocos días logró el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, con los empresarios mineros para que estos se comprometan a pagar anualmente un gravamen de S/.3.000 millones en proyectos destinados a cooperar con la inclusión social.No es la primera vez que se pide al sector minero un aporte que va más allá del canon. En el 2007, luego de una ardua negociación entre el entonces presidente Alan García y los ejecutivos de 40 empresas mineras, se creó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), conocido como ‘aporte voluntario’, por el cual las empresas se comprometieron a contribuir con el 3,75% de sus utilidades netas al año en proyectos de educación, salud, lucha contra la desnutrición e infraestructura.¿Pero qué tan efectiva fue la creación de este mecanismo para impulsar el desarrollo social? Según el informe de transparencia elaborado por el grupo Propuesta Ciudadana (consorcio de once instituciones que trabajan para la promoción del desarrollo regional), en los cuatro años de vigencia del PMSP solo se ejecutó el 52% de los S/.2.232 millones que hasta hoy se han recaudado con este fondo. Y lo peor es que no se puede determinar al detalle cuál fue el destino del 48% restante porque el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no exigió a las mineras que se le informara.(Edición domingo).