DUDAS DETRÁS DE UNA CONSULTA PREVIA

Luego del ánimo de consenso con que fue aprobada en el Congreso de la República la ley de consulta previa a las comunidades indígenas, existe más de una duda sobre la aplicación del mecanismo en sí. Específicamente, los actores de las industrias extractivas han comenzado a prever algunos retrasos en las inversiones en minería y explotación de hidrocarburos. El primero en opinar ha sido el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, quien señala que el retraso impactará las exploraciones requeridas para encontrar gas natural. Igualmente, Aurelio Ochoa, presidente de Perú-Petro, adelantó que los nueve contratos petroleros, entregados en el gobierno anterior, incorporarán una adenda para hacer aplicable la ley de consulta previa.Como un antecedente, Alvaro Ríos, socio director de Gas Energy, resalta que en Bolivia el derecho a la consulta previa fue incluido en la Constitución. Para él, los resultados de esa experiencia sí demuestran que las inversiones en los sectores extractivos vienen rezagadas, porque las comunidades han comenzado a demandar el cumplimiento de la Carta Magna y, al final, eso ha originado mayor conflicto.Para echar más leña al fuego, el economista Miguel Santillana calcula que las inversiones tendrán que parar entre 18 y 36 meses antes de ser ejecutadas, porque el proceso de consulta toma tiempo. Además, expresa sus temores respecto de la real representatividad de las comunidades nativas que participen en el proceso.Consultado sobre este escenario, José Miguel Morales, ex presidente de la Confiep, admite que esa es una posibilidad real; sin embargo, no se muestra tan preocupado por ello. "El Perú tiene suerte de haber desarrollado su minería cuando los precios eran bajos y producir cuando subieron. Lo que hay que hacer, sin transgredir las normas, es tener preparadas las concesiones antes de entregarlas, para evitar que aparezcan nuevas demandas. Al final tomará un poquito más de tiempo, pero será más sano", afirma.