El gobierno sigue recibiendo reacciones positivas desde el extranjero. Esta vez ha sido Standard & Poor’s (S&P), que elevó un nivel la calificación de grado de inversión a la deuda soberana de largo plazo. La agencia ha explicado la mejora en su expectativa de la continuidad de la política fiscal y monetaria, un mensaje que tanto el presidente Ollanta Humala como el jefe de su Gabinete, Salomón Lerner, no se han cansado de repetir desde el pasado 28 de julio.Sería incorrecto, sin embargo, que el Gobierno asuma el nuevo rating como un espaldarazo a la política macroeconómica que está implementando, puesto que no sería posible que haya obtenido algún resultado sobresaliente en apenas un mes de gestión. Toda evaluación posterior que realice esta agencia -y las otras dos consideradas top-- sí tomará en cuenta las acciones que Humala y su equipo aplicarán para impulsar las fortalezas de la economía peruana y para reducir sus debilidades.En otras palabras, dependerá del Gobierno que el rating continúe mejorando y, para ello, es preciso que se comience a trabajar en problemas que hasta ahora no han podido encararse eficazmente. Los conflictos sociales ocupan el primer lugar de la agenda, como ya se constató la semana pasada con las protestas de Moquegua contra Southern, a una semana de haberse acordado el gravamen minero. Asimismo, las medidas populistas para encarar dificultades como la disparidad del ingreso son otro riesgo que la propia S&P menciona como un factor que podría afectar el rating.El presidente Humala ha asegurado que se pondrá énfasis en programas sociales de "segunda generación", es decir, enfocados en impulsar la productividad de las poblaciones beneficiarias. Habrá que esperar que el nuevo ministerio que se creará no termine siendo un compendio de programas asistencialistas.El Gobierno tiene un reto enorme para asegurar que el crecimiento de largo plazo no esté basado en actividades extractivas. Y para hacer honor a la mejora del rating, habrá que ratificar al presidente del BCR -tarea que le corresponde al Congreso- y nombrar un directorio de expertos, libre de conflictos de interés.
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