No les bastó resistirse a acudir ante la justicia del Perú. La defensa legal de la empresa Lucchetti, cuyos ex ejecutivos son procesados por tráfico de influencias debido a sus vínculos con Vladimiro Montesinos, denunció al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Este recurso fue presentado, en Washington, por el abogado chileno Claudio Grossman, quien argumentó "graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, producto de las resoluciones judiciales dictadas en el Perú". También sustentó su acción en "las actuaciones de los tribunales peruanos, que infringen el derecho a la no discriminación, al debido proceso e igualdad ante la ley".La decisión de acudir a dicho organismo fue adoptada luego de que se dictara la orden de captura internacional contra Andrónico Luksic, Fernando Pacheco y Gonzalo Menéndez.Pero el proceso en la CIDH no es simple. Primero, esa instancia evaluará si la denuncia cumple con los requisitos para ser admitida o no a trámite y, si la decisión es afirmativa, recién analizará los argumentos chilenos.