El presidente Humala le debe lealtad a dos bases electorales cuyas demandas son contradictorias entre sí. Una, la más importante de lejos, la que explicó su triunfo, es la población rural y urbana informal, que votó por él porque quiere servicios estatales más eficientes pero también porque quiere incorporarse plenamente al mercado y al Estado, lo que supone, en última instancia, formalizarse. De hecho, ese es uno de los objetivos del gobierno. Tiene que serlo, porque somos una de las economías más informales del planeta y, al final, no se podrá consolidar una clase media extendida si la mayor parte permanece en la informalidad. La otra base electoral, minoritaria, está constituida por los trabajadores formales afiliados a la CGTP, que defiende un régimen laboral profundamente excluyente, porque solo puede ser absorbido por la gran empresa y alguna parte de la mediana empresa. Entonces, si el gran objetivo del gobierno es la inclusión social, no puede atender a la vez las demandas de los dos sectores mencionados. Establecer, por ejemplo, un plazo forzoso para aprobar la ley general del trabajo es la mejor manera de socavar su propio objetivo central. Pues dicha ley, tal como está planteada hasta ahora, no hará sino consagrar una legalidad laboral rígida y costosa a la que no podrá acceder la gran mayoría de empresas y trabajadores. Con lo que la esperanza de acceder a derechos laborales básicos o a la formalidad empresarial a fin crecer en la economía formal queda burlada y postergada sine díe. Es obvio que la meta de la inclusión social no se satisface con la inscripción en una lista de beneficiarios de Pensión 65 o algún otro programa. Esa es una manera, al final, de convivir con la exclusión, de hacer la exclusión más soportable, de seguir siendo excluido pero con propina. La verdadera inclusión es la que se da en el mercado, en el Estado como ordenamiento legal. En la ciudadanía. Y no se es ciudadano pleno si se es informal y se carece de derechos civiles y laborales básicos. De lo que se trata es de remover las barreras que se oponen a esa inclusión real. Y no cabe duda que una de ellas es un régimen laboral oneroso al que no pueden acceder las mayorías. Sería una gran cosa que el gobierno persuadiera a las dirigencias sindicales de que ellas son las primeras a las que les conviene, a la larga, derribar esos muros, porque habría muchos mas trabajadores formales sindicalizables –ampliarían sus bases– y, además, se incrementaría el salario apreciablemente como consecuencia de la mayor demanda de trabajo que tal reforma traería consigo, tal como está ocurriendo en las zonas agroexportadoras. Pero eso es soñar demasiado. Escribió el periodista Jaime de Althaus.