La administración Humala tiene todo el derecho de exigir cuentas claras al Consorcio Camisea, fiscalizar los niveles de cumplimiento del contrato y hacer todos los planteamientos posibles para que el gas contribuya al desarrollo nacional. Desde esta columna lo hemos hecho desde nuestra aparición, hace cerca de dos años, con la absoluta certeza de que el Estado y el sector privado deben de seguir trabajando juntos.Sin embargo, los afanes presidenciales pueden convertirse en un boomerang si es que no cuenta con funcionarios capaces de encauzar las negociaciones por rutas menos agrestes y sin la amenaza de sembrar emboscadas. Ya con la administración García a través de su ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez, se ensayó la amenaza de publicar un decreto de urgencia que declaraba de emergencia el abastecimiento interno de gas en el Perú, por lo que se tenía que afectar los volúmenes de exportación.Las conversaciones entonces aterrizaron en un compromiso del Consorcio Camisea para ejecutar un plan de inversiones por más de US$ 2 mil millones, que incluyen más labores de exploración en los lotes 88 y 56, ampliar la capacidad de producción y transporte, justamente para atender la creciente demanda interna hasta por los menos el 2016.Es más, por una serie de retrasos del Estado, el mayor gas que debería de llegar a Lima el 2012, ahora llegará el 2013, con lo cual habrá gas para satisfacer la demanda industrial y poblacional. También se dejó en proyecto la construcción del gasoducto del sur, que esperemos se inicie el 2012 y cuya culminación sería a fines del gobierno de Humala, al igual que el complejo petroquímico del etano, a cargo de la brasileña Braskem. ¿Entonces, si el piso está parejo, por qué Humala repite la amenaza de paralizar la exportación de Camisea? Ojalá que la respuesta no sea en ruso, señala José Luis Patiño.
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