La ley de consulta previa aprobada por unanimidad por el actual Congreso –como si con ello se lograra redimir las culpas– es el mismo documento consensuado que el gobierno de Alan García se negó a promulgar. Lo que sigue ahora es la elaboración de la base de datos oficial sobre pueblos indígenas (se estiman en 6.000 las comunidades campesinas y en 1.550 las comunidades nativas de la selva) y la discusión del reglamento que, como los expertos señalan, no deberá dejar espacio a las dudas. Aquí algunas de las principales interrogantes que el reglamente deberá responder.