El gobierno se anotó una semana de ensueño tras la aprobación del Legislativo de la ley de consulta previa (LCP) y la consecución por parte del Ejecutivo de S/.3.000 millones anuales en mayor recaudación del sector minero. No todos comulgarán con la conveniencia de estas medidas (que encarecerán la inversión extractiva), pero hay algo verdaderamente loable aquí: una insólita mezcla de efectividad con búsqueda de consensos (unanimidad en un caso y anuencia del afectado en el otro). En otras palabras, el Gobierno ha mostrado que puede implementar su agenda convenciendo antes que imponiendo. ¿Obtendrá los resultados que ansía? La mayor tributación minera solo servirá si el Estado aprende a ser eficiente y a gastar con criterio. Va en esa línea la subida de sueldos en el sector público para contratar burócratas competentes, pero se corre el riesgo de estropearlo todo con aventuras empresariales innecesarias. Sobre si se afectará la competitividad del sector minero -y con ello la capacidad de atraer mayores inversiones-, la anuencia de los empresarios transmite tranquilidad, pero reservo mi opinión hasta que termine de explicarse el gravamen a las mal llamadas sobreganancias (mal llamadas porque pareciera condenarse el ‘exceso’ de rentabilidad empresarial, cuando lo que se quiere es sacar mayor provecho de la coyuntura de precios de un grupo de recursos no renovables). En tanto, mientras no se difunda el reglamento de la LCP, celebro al menos que se deje atrás la nefasta filosofía del perro del hortelano, que le servía al Estado para sacralizar al gran inversor sin importar cómo actuase y vilipendiar las razones de cualquiera que se le opusiera. Ojalá no se vaya al otro extremo y olvide que cuando la inversión es bien encaminada, no hay mejor mecanismo de reducción de la pobreza. Necesitamos, pues, un Estado presente y con credibilidad, que sepa intermediar el diálogo entre empresas y comunidades y que desnude los prejuicios que se tienen ambas, afirma Augusto Townsend.