Luego de que el Congreso aprobara la Ley de Consulta Previa, la sociedad civil exhortó al Legislativo a revisar el Acuerdo Energético Perú-Brasil, en vista de que atentaría contra las comunidades indígenas y el medio ambiente.La ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) consideró necesario planificación energética nacional, que satisfaga la demanda eléctrica en los próximos 40 años.También demanda evaluar los riesgos sociales y ambientales de los cinco proyectos hidroeléctricos en la Amazonía, entre ellos el de Inambari. Otro punto es el ordenamiento territorial, para indicar en qué lugar es viable o inviable el desarrollo de proyectos energéticos.