Muchos creen que la ley de consulta previa no es la luz que se espera encontrar al final del túnel. Por el contrario, piensan que en el horizonte político y económico del país se podrían levantar grandes nubarrones si el Gobierno no actúa con sapiencia para convencer a las comunidades que la norma no les da derecho a absolutamente todo.Si bien el presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónica del Perú (Conap), Oseas Barbarán Sánchez, ha reconocido que la ley no los autoriza a vetar las actividades mineras o de otra industria que se proyecten realizar en sus territorios, también ha interpretado que las comunidades podrán discutir con el gobierno (nacional, regional o local), el dictado de normas que supongan que los perjudicarán.Incluso, ha entendido que las comunidades podrán gozar de "la distribución equitativa y simétrica de los recursos, utilidades y plusvalías que generan las empresas dentro de los territorios indígenas".
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