La Ley de Consulta Previa aprobada por unanimidad en el Congreso puede ser un arma de doble filo si es que el Estado no cumple su verdadero rol. Por años, ningún gobierno ha asumido el liderazgo de impulsar políticas de Estado que consoliden actividades tan básicas y elementales como la minería, dejando que grupos violentistas y antimineros ganen terreno y se conviertan en los espantapájaros de la inversión.Desde hace dos décadas, las empresas por su cuenta y riesgo se han visto obligadas a ir, cual llanero solitario, a buscar convencer a las comunidades de su entorno de la necesidad de desarrollar su proyecto. ¿Por qué el gobierno central deja a su libre albedrío a una empresa que intente convencer que la minería es buena para la región y para el país? ¿Acaso no hay política sectorial? ¿Para qué entonces se creó un Ministerio de Energía y Minas?Sólo quiero recordar cuál es la misión del Estado en materia de política minera y energética a través del MEM: “Promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras, impulsando la inversión privada en un marco global competitivo, preservando el medio ambiente y facilitando las relaciones armoniosas del sector”. ¿Ha cumplido ese rol? Naranjas.Quienes piensan que con la Ley de Consulta Previa todo está aclarado, se equivocan de cabo a rabo. Mientras el gobierno de turno, así como las autoridades regionales y locales, no cumplan su rol de liderar planes de desarrollo, donde la minería y otras actividades se integren, la Ley de Consulta Previa sólo será utilizada por falsos curas ambientalistas y oenegés antiinversión, para poner en jaque al país. La tarea no es fácil.
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