Hay que saludar la intención de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de avanzar en una serie de proyectos relacionados con la reforma del Estado. Con criterio realista, se deja de lado un enfoque totalizador para concentrarse en aspectos concretos y realizables en los pocos meses que restan de gobierno; y a sabiendas de que hay un hueso duro de roer en el camino: la escasa voluntad del Congreso para comprometerse con el tema.En tal sentido, es apropiado que la PCM anuncie una ley para ordenar y facilitar el otorgamiento de licencias de funcionamiento municipales, en coordinación con los concejos y el Indecopi. Desde esta y otras tribunas hemos criticado los engorrosos trámites de ciertas entidades públicas, que afectan directamente a los ciudadanos y las empresas y solo sirven para justificar la existencia de una burocracia frondosa e ineficiente.Luego, resulta importante la creación de una escuela de administración pública, para aumentar los niveles de eficiencia y reconocer el mérito y la profesionalización, con miras a una mejor atención. Aunque debemos recalcar que esto forma parte de una reforma mayor, cual es la ley de la carrera pública, en la que tiene que darse prioridad al escalafón y a la homologación de sueldos públicos.Las compras corporativas del Estado representan otro tema en el que se había avanzado bastante pero en el que inexplicablemente se perdió énfasis. Sin transparencia y reglas claras en las compras estatales se abre las puertas a la ilegalidad y al mal uso de los fondos públicos: las licitaciones son obligatorias y hay mecanismos como el Consucode, el SNIP y la contraloría, que son absolutamente obligatorios para evitar los conflictos de intereses, las influencias indebidas y la corrupción.Otro punto destacable apunta a mejorar la formulación de proyectos de inversión en el sector público, que muchas veces son rechazados por su falta de rigurosidad técnica.En los diez meses que quedan reconocemos la voluntad del doctor Kuczynski para plantearse estas metas. Pero al mismo tiempo advertimos sobre la necesidad de trabajar conjuntamente con el Congreso en las modificaciones legales pertinentes. Esperemos que esta vez asuma su responsabilidad y deje de ser un obstáculo, como ha sido hasta ahora, para la reforma del Estado.