La Defensoría del Pueblo aclaró que la autógrafa de Ley de Consulta Previa no establece un supuesto derecho a veto y que las observaciones a esa norma realizadas por el gobierno anterior carecen de sustento jurídico.Alicia Abanto, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de esta institución, sostuvo que fue un error observar esa autógrafa en 2010, bajo el argumento de que podría otorgar a las comunidades nativas un derecho de veto para la ejecución de proyectos cerca de sus territorios.Explicó que esa autógrafa, que el actual Congreso busca actualizar y poner a debate la próxima semana, dispone el cumplimiento obligatorio de los resultados de la consulta previa, cuando se logra un acuerdo común entre las partes, es decir, cuando existe un consentimiento de los pueblos nativos.(Edición domingo).