El Gobierno promulgó ayer la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de dar carácter de obligatorio cumplimiento a algunas prácticas ya reglamentadas en el ámbito de las grandes empresas privadas, como, por ejemplo,la realización de exámenes médicos antes, durante y al término del vínculo laboral con las corporaciones. También se ordena crear un mapa de riesgos con participación de los sindicatos e informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) de todo accidente que ponga en riesgo la vida e integridad física y psicológica del trabajador. Incumplir con estas disposiciones genera la obligación de indemnizaciones y pena de cárcel no menor de cinco años ni mayor de diez años en caso ocurran infracciones, muertes o lesiones graves. (Edición sábado).